El Estado mexicano ha venido construyendo en los últimos años un marco normativo jurídico de amplio alcance y potencia enfocado a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Este conjunto de normas se ha incorporado paulatinamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución de cada Estado, así como en las leyes federales, generales y locales que de ellas emanan.

El 10 de febrero de 2014, en sesión ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, se aprobó la creación de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, como el área encargada de implementar los mecanismos para incorporar la perspectiva de género en las políticas internas y acciones del Poder Judicial, que conlleven a una impartición de justicia en la que se elimine la discriminación basada en el género y entre sus funciones dar continuidad al Programa de Trabajo 2014-2015 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).